PAU PARTE A

PARTE A

LA ROMANIZACIÓN Y LA ADMINISTRACIÓN

A-LA ROMANIZACIÓN

Tras la conquista el primer objetivo fue la explotación de las riquezas mineras, especialmente de metales preciosos de las minas de Sierra Morena, Galicia y Cartagena. Esta explotación se hacía mediante esclavos, probablemente hispanos, y no atraía mucha cantidad de elementos colonizadores. Las minas fueron explotadas en un principio por particulares, pero bajo Tiberio pasaron a ser propiedad imperial.

Hasta después de la conquista de Numancia no comenzaron a ser numerosos los asentamientos de colonos italo‑romanos. Después las posibilidades de la agricultura mediterránea y de la ganadería atrajeron a numerosos colonos, los cuales difundían además sus técnicas agrícolas entre los indígenas.

Las ciudades estado de origen griego, fenicio o indígena se vieron en general beneficiadas con la conquista romana, tanto por la introducción y generalización de la economía monetaria como por el modelo de civilización urbana romano y la protección contra las razzias de los pueblos pobres del interior. Poco a poco fueron accediendo a mayores grados de integración en el Estado romano, perdiendo así su autonomía. Por su estatuto había ciudades estipendiarias y libres (federadas y no federadas).

La presencia numérica de romanos en Hispania, a pesar de la escasez de población autóctona, era poco importante, y este hecho no cambió hasta las guerras sertorianas. Hispania era un territorio enorme, poblado por sociedades muy variadas y cuya administración se hacía difícil precisamente a causa de esta inmensidad y variedad. La presencia militar romana era escasa en principio, lo que alentaba a su vez frecuentes revueltas. Otro problema para que los romanos e italianos acudieran de forma significativa a Hispania era la distancia.

Antes de Augusto la romanización apenas afectó a la costa mediterránea, la Bética y el valle del Ebro. Se seguía una política de asentamiento de colonias, algunas de nuevo cuño, otras inmersas en ciudades preexistentes y otras originadas por campamentos militares. La mayor parte de los colonos eran soldados de los cuales se esperaba la defensa contra los pueblos del interior. En estas colonias se llevaba a cabo una política de asimilación de elementos autóctonos mediante matrimonios mixtos, reclutamiento de auxiliares indígenas, utilización generalizada del latín, concesión del derecho de ciudadanía por méritos de guerra, etc.

Las guerras sociales y sertorianas avivaron el proceso romanizador. Se crearon numerosas colonias militares, se otorgó el estatuto de municipio romano a otras ciudades y aumentó extraordinariamente el número de ciudadanos romanos. Con César se fundaron numerosas colonias de veteranos y algunos notables españoles pudieron por primera vez entrar a formar parte del Senado. Ciudades sin presencia romana se convirtieron en municipios de derecho romano, y otras recibieron el derecho latino, sobre todo en la Bética. La colonización agrícola recibió un impulso decisivo y el uso del latín se extendió con rapidez, mientras que las élites indígenas se romanizaban en bloque. Una nueva organización administrativa dividió a la Península en tres provincias: Bética, Lusitania y Tarraconense. En el año 74 el emperador Vespasiano concedía a todos los peninsulares el ius latii minus. En 212 Caracalla extendió la ciudadanía romana a todos los habitantes de Hispania y creó una nueva provincia, Gallaecia.

El proceso de romanización se vio favorecido por ciertos factores, y a su vez introdujo en Hispania las formas políticas y económicas de Roma. Se creó una red de vías que servía a la vez para la penetración de todo lo romano y para la estructuración del territorio, la comunicación y el comercio (vía augusta, vía de la plata), al tiempo que integraban al país en la red imperial de comunicaciones terrestres. La vida urbana tomó un gran auge, imitando las formas e instituciones romanas, aunque el nivel de urbanización nunca fue muy elevado. El auge urbano trajo consigo el desarrollo de la construcción de obras públicas, como acueductos, basílicas, termas o edificios oficiales. La lengua y la cultura latinas fueron extendiéndose poco a poco hasta hacer desaparecer las lenguas y gran parte de las culturas autóctonas. La religión romana, el culto imperial, las religiones de origen oriental introducidas en Roma y posteriormente el cristianismo se difundieron prontamente en las ciudades, que estaban muy romanizadas, pero su difusión en el medio rural resultó siempre mucho más lenta y difícil. Hispania llegó a contar con seis millones de habitantes y a gozar de una gran prosperidad.

Hay que señalar que la romanización no dejó su huella de forma homogénea en la Península. A grandes rasgos puede decirse que las zonas que primero fueron conquistadas fueron las que más se romanizaron. Y eso no sólo por el mayor tiempo que estuvieron bajo dominio romano, sino también porque su desarrollo social y cultural había preparado el camino; el surgimiento de ciudades estado en el litoral mediterráneo acercaba más el modelo sociocultural de estas zonas a Roma que el de las tribus indígenas del interior. Conforme avanzamos desde el Mediterráneo hacia el Atlántico el barniz de la romanización se hace más tenue, pudiéndose afirmar que en la costa atlántica del Norte la romanización fue escasa e incluso nula en algunas zonas.

B-LA ADMINISTRACIÓN

Como ya vimos Hispania fue dividida en principio en dos provincias, la Ulterior y la Citerior, que se convertirían en tres en época de Augusto (Bética, Lusitania y Tarraconense) y a las que se añadirían otras posteriormente. Al frente de cada provincia estaba un gobernador (procónsul o pretor) nombrado por Roma y ayudado por un quaestor, entre cuyas funciones estaban la recaudación de algunos impuestos, el mantenimiento del orden, la conservación y vigilancia de las vías y caminos o el control y explotación de las minas. Las provincias se dividían a su vez en populi (distritos que englobaban a los pobladores prerromanos) y civitates (núcleos con un estatuto jurídico diferenciado del de los populi).

Durante el imperio aumentó el número de provincias, y éstas pasaron a ser gobernadas por legati Augusti, quedando divididas en conventos juridicus de carácter judicial y en las civitates y populi antes vistas, además de las colonias y municipios. Posteriormente, y ya en tiempos de Diocleciano, las seis provincias hispanas se englobarían dentro de la diócesis de Hispania, dirigida por un vicario, que a la vez formaba parte de la prefectura de las Galias.

Por su parte las ciudades imitaban en su administración y organización a Roma. Estaban gobernadas por magistrados, que salían de las filas de las élites urbanas, y que sufragaban en parte con sus propios medios algunos de los gastos de la ciudad. Los municipios de derecho romano tenían además asambleas de ciudadanos y un consejo (ordo decurionum).

EVOLUCIÓN POLÍTICA DE AL-ANDALUS

1-EL EMIRATO DEPENDIENTE (711-756).

-Muza, gobernador del Mahgreb musulmán, envía a su cliente Tarik con un ejército a la península a apoyar a los hijos de Witiza en su guerra contra don Rodrigo.

-711: batalla de Guadalete. Los visigodos son derrotados por los musulmanes, y las tropas de Tarik conquistan Hispania sobre todo mediante pactos con la nobleza visigoda. En 722 toda la península, salvo pequeños núcleos en las cordilleras cantábrica y pirenaica, ha sido sometida. Al-Ándalus se convierte en emirato dependiente de Damasco (716).

-Fuertes enfrentamientos entre beréberes, árabes (Qâysies del norte y Yemeníes del sur) y sirios por el reparto del botín, de las tierras y el poder en el emirato.

2-EL EMIRATO INDEPENDIENTE.

-Abderramán, de la familia Omeya, llega a la península huyendo de la matanza de su familia y toma el poder, independizándose de Damasco y fundando un nuevo estado. Fuerte represión contra las rebeliones internas.

-Los sucesores de Abderramán afirman la autoridad central y atacan a los cristianos. El emirato se islamiza progresivamente y Al-Ándalus se consolida como potencia mediterránea y económica (desarrollo del comercio, de las ciudades, de la artesanía y de la agricultura).

-A partir de Mohamed I (852) comienza un periodo de inestabilidad (1ª fitna):

• Rebeliones internas.
• Pestes y hambres.
• Persecuciones contra los no musulmanes.
• Consolidación de los privilegios de la minoría árabe.

3-EL CALIFATO INDEPENDIENTE.

-Abderramán III llega al poder en 912 y elimina a todos aquellos que se oponen al poder de la monarquía. En 929 se proclama califa, naciendo el califato con capital en Córdoba que se independiza en lo religioso de Bagdad. Consolida el aparato gubernamental, ataca a los cristianos y conquista parte del norte de África.

-Sus sucesores impulsan la economía, que alcanza una época de apogeo, al igual que la cultura. Al-Ándalus domina el comercio en el Mediterráneo occidental.

-A partir de 976 el califato entra en crisis. El general Al-Mansur (Almanzor) suplanta el poder del califa y crea una dictadura militar, atacando repetidamente a los reinos cristianos para conseguir el apoyo del ejército. A su muerte en 1002 comienza una guerra civil (2ª fitna), aprovechada por los reinos cristianos para avanzar hacia el sur. En 1035 el califato se deshace en los reinos de Taifas.

4-LOS REINOS DE TAIFAS.

-Hasta 26 pequeños reinos se fundan sobre las ruinas del califato, luchando entre ellos.

-Los cristianos aprovechan la situación para conquistar territorios e imponer tributos (parias) a las Taifas.

-A pesar de ello es un periodo de apogeo económico y cultural.

5-LAS INVASIONES NORTEAFRICANAS.

-En 1085 Toledo es conquistada por los cristianos y las Taifas llaman en su ayuda a los almorávides. Éstos reunifican Al-Ándalus y detienen el avance cristiano (batalla de Sagrajas), integrándola en su imperio norteafricano. Prosperidad económica y ruptura cultural. Pronto empieza la decadencia de los almorávides, y las rebeliones internas desembocan en las:

-Segundas Taifas (1145-1175), que serán reunificadas por los almohades. Éstos crean un nuevo estado con capital en Sevilla, que pronto gozará de gran prosperidad económica. Pero la presión cristiana irá en aumento, y tras la victoria de las Navas de Tolosa acaban destruyendo el estado almohade en 1223. Surgen las:

-Terceras Taifas. Finalmente sólo sobreviven los reinos musulmanes de Granada y Murcia, tributarios de Castilla. Murcia es conquistada por Jaime I de Aragón, al tiempo que se rechaza la última invasión norteafricana, la de los benimerines.

6-EL REINO DE GRANADA.

-La dinastía nazarí consolida el reino de Granada, que sobrevive hasta 1492 gracias a su hábil diplomacia a sus tributos en oro a Castilla. Las luchas internas son constantes, pero se da una cierta prosperidad económica.

-Cuando Granada pierde el contacto con las rutas del oro del Sudán y deja de pagar su tributo de oro a Castilla, ésta desencadena la guerra final y en 1492 los Reyes Católicos conquistan Granada.

LOS REINOS CRISTIANOS EN LA ALTA EDAD MEDIA

1-PRIMER PERIODO: LA FORMACIÓN DE LOS ESTADOS CRISTIANOS (S. VIII-XI).

1-1  EL REINO ASTUR-LEONÉS

-Rápida caída del reino visigodo (pactos de los musulmanes con la nobleza autóctona).

-Los fugitivos visigodos huyen a Asturias y eligen como jefe a Pelayo, resistiendo los ataques musulmanes.

-Comienza la formación del reino asturiano, gracias al escaso interés de los musulmanes por la zona y a la estructura social. Las incursiones de los sucesores de Pelayo (Alfonso I) no conquistan territorio, pero vacían casi todo el valle del Duero. Estos territorios serán después repoblados. Comienza un proceso de señorialización y conflictos sociales. Apoyo a la Iglesia, separación de ésta de Toledo y creación de un centro espiritual en Compostela (Alfonso II). Este rey afianza el reino con la conquista de Galicia, León y Castilla. Vinculación con el reino visigodo.

-Crisis a la muerte del rey. Con Alfonso III, y aprovechando la crisis de Al-Andalus, el reino astur-leonés se convierte en la primera potencia peninsular. La línea del Duero se convierte en frontera fortificada, repoblándose los territorios conquistados. El rey se convierte en Imperator, y se habla ya de Reconquista. A su muerte el reino se divide entre sus tres hijos.

-Comienza la ascensión de Castilla, frontera oriental, poco poblada y peligrosa del reino leonés. Repoblada con vascos occidentales que son colonos soldados agrupados en núcleos defensivos. El crecimiento de Castilla en el siglo X permite a sus condes rebelarse contra el rey de León.

-Reunificación de los reinos leoneses con Ramiro II y ataques contra el Sistema Central. Los contraataques de Abderramán III. La nueva frontera se fija en el Tormes. A su muerte…

-Aumenta el poder de la nobleza, y Castilla se hace independiente de hecho. Derrumbe del reino leonés, que cae bajo la tutela de Sancho III el Mayor de Navarra.

-Con Fernando I se unen León y Castilla (1037).

1-2  LOS NÚCLEOS ORIENTALES.

-Estos núcleos son más tardíos que el astur, y surgen gracias a la intervención carolingia, con la conquista de territorios en la zona pirenaica que convierten en Marca Hispánica. A la muerte de Carlomagno estos territorios comienzan a independizarse del reino carolingio, aunque la influencia cultural y religiosa franca será muy duradera.

1-2-1 CATALUÑA

-Wifredo el Velloso, conde de Barcelona y otras zonas bajo mando carolingio, amplía sus territorios a costa de los musulmanes. Construcción de monasterios.

-Independencia de hecho de los carolingios (888). Desvinculación con la Iglesia franca.

-En principio los condados catalanes no participan en la Reconquista, pero a partir de la segunda mitad del s. X entran en coalición con los demás reinos cristianos. Surgimiento de una industria y un comercio muy activos, entrada de influencias europeas e hispanización. Cataluña, centro cultural del Occidente cristiano.

-La jerarquía feudal comienza a cristalizar.

1-2-2 EL NÚCLEO VASCO Y NAVARRA

-En el País Vasco no existe organización estatal, existiendo señores independientes. Con la dinastía Jimena en Navarra el País Vasco entra a formar parte de este reino.

-Tras ser aliado en principio de los musulmanes (alianza de los Arista con Banu-Qasi del Ebro), a partir de la segunda mitad del siglo IX Navarra se alía con León.

-Nueva dinastía Jimena (905). Ataques hacia el sur y conquista de grandes territorios. Navarra sufre mucho con los ataques de Almanzor. Expulsión de los musulmanes de las zonas conquistadas y reforzamiento de la monarquía, construcción de nuevos monasterios.

-Con Sancho III el Mayor Navarra se convierte a principios del siglo XI en la primera potencia peninsular. Penetran en sus reinos influencias feudales y europeas. A su muerte se divide el reino, y Navarra cae bajo la supremacía castellana.

1-2-3 ARAGÓN.

-A partir del Pirineo Central se crea el condado de Aragón. Alianza inicial con los Arista y amistad con los musulmanes.

-Influencia cultural visigoda y llegada de mozárabes.

-Integración de Aragón en Navarra y reconquista de territorios hacia el sur.

-Aragón se independiza en 1035 a la muerte de Sancho III. Expansión hacia el Ebro.

2-SEGUNDO PERIODO: EL AVANCE DEFINITIVO DE LA RECONQUISTA (S. XI-XV).

-En principio los reinos cristianos sólo se expanden en épocas de debilidad de Al-Andalus. Pero con la desintegración del califato (1031) en los reinos de Taifas marca el inicio del gran avance cristiano, con el pago de parias por las Taifas.

-Con la reunificación de León y Castilla por Alfonso VI (1072) la ofensiva hacia el sur toma Toledo y se fija la frontera en el Tajo, repoblándose los territorios conquistados. La llegada de los almorávides frena el avance. Fracaso de la unidad entre Castilla y Aragón (boda de doña Urraca y Alfonso I el Batallador). Éste lanza una gran ofensiva hacia el sur.

-Alfonso VII de Castilla y León fortalece su reino y llega con sus ataques a la costa mediterránea. La llega de los almohades vuelve a frenar el avance cristiano.

-Unificación de Aragón y Cataluña con Ramón Berenguer IV. Sus avances y los de Portugal son detenidos por los almohades.

-Cruzada contra los almohades organizada por Alfonso VIII de Castilla. Victoria decisiva en las Navas de Tolosa (1212). Fin del poder almohade en la Península.

-Segunda mitad del s.XII, España de los cinco reinos: Portugal, Navarra, Cataluña-Aragón, Castilla y León. Problemas de delimitación de las áreas de reconquista, solucionados mediante pactos. Portugal y Aragón finalizan su reconquista.

-Con Fernando III el Santo se reunifican definitivamente Castilla y León. Con la conquista de Sevilla sólo les queda a los musulmanes el reino de Granada, que irá perdiendo territorios hasta su definitiva conquista en 1492,

3-LA REPOBLACIÓN Y SUS FORMAS.

-En la zona occidental se utiliza en principio la presura y la repoblación monacal.

-A partir del siglo XI se emplea la repoblación concejil., tolerándose en el área del Tajo a los habitantes musulmanes.

-Desde mediados del siglo XII se emplea la repoblación por las órdenes militares (en la zona entre el Tajo y el Guadiana).

-A partir del siglo XIII, repoblación nobiliaria, aunque prosigue la de las órdenes y la concejil.

-En la zona oriental se empleó en principio la repoblación monacal, junto a la privada (aprissio) y a las cartas pueblas otorgadas por los condes.

-En Aragón se otorgan repartimientos a los conquistadores, respetando a la población autóctona.

-En Valencia se trata más de una ocupación que de una repoblación.

-En Mallorca se expropia a los musulmanes.

-En Murcia se utilizan repobladores catalanes y aragoneses.

EL PROCESO REVOLUCIONARIO: LAS CORTES DE CÁDIZ

El levantamiento popular del Dos de Mayo de 1808 en Madrid y los levantamientos que le siguieron por todo el país no eran sólo una reacción patriótica a la ocupación extranjera. Su carácter popular era también una respuesta a la incapacidad de la nobleza y del aparato del Estado en momentos de grave crisis para España, y un intento de buscar y emprender reformas para la mejora de la nación ante las malas condiciones socioeconómicas imperantes. Se daba también una dicotomía entre las clases medias bajas y el pueblo por un lado y las élites hasta entonces gobernantes por otro, hasta el punto que es un hecho contrastado que la Guerra de la Independencia la hizo el pueblo, ya que las autoridades políticas estaban plenamente integradas en el sistema napoleónico.

Nos encontramos por tanto ante un divorcio entre el pueblo y las élites gobernantes incluidas en el Antiguo Régimen. Las instituciones tradicionales de gobierno, como la Junta de Gobierno dejada por Fernando VII tras su marcha a Bayona o el Consejo de Castilla, no hicieron absolutamente nada por desarrollar y encabezar la resistencia antifrancesa exigida por el pueblo. Más bien al contrario, colaboraron con los franceses en la represión de los primeros levantamientos, tanto por respeto a la legalidad del momento como por temor a que el levantamiento popular acabase con su predominio social.

Pronto comienzan a organizarse nuevos centros de poder para gobernar el país y resistir al invasor, surgidos de abajo a arriba y capaces de llevar a la práctica los deseos del pueblo. Surgen así las Juntas de Defensa, primero locales y después provinciales, que acabarán coordinando sus actividades en la Junta Central Suprema Gubernativa de España y de las Indias, creada en Aranjuez el 25 de septiembre de 1808. El poder en las Juntas de pequeño nivel estaba en manos de los burgueses más liberales o de nobles partidarios de desarrollar amplias reformas, e inmediatamente pusieron en marcha un auténtico proceso revolucionario, mientras que todos los integrantes de la Junta Suprema Central (a pesar del origen noble o eclesiástico de muchos de ellos) coincidían en la necesidad de desarrollar una reforma profunda del sistema. De hecho la acción de gobierno de la Junta Central tendrá dos objetivos básicos: la dirección de la guerra contra los franceses, con el consiguiente mantenimiento de la conciencia de unidad nacional, y la promoción de cambios revolucionarios que transformasen el modelo de sociedad.

Así, y mientras se desarrollaba la guerra contra los ejércitos napoleónicos, la revolución burguesa avanzaba paulatinamente. Ante la coincidencia de todos los sectores sociales en ella representados sobre la necesidad de llevar a cabo reformas profundas, el 22 de mayo de 1809 la Junta Central Suprema convocó Cortes a las cuales los diversos sectores sociales debían remitir informes con los problemas que les aquejaban. En enero de 1810 la Junta Central, desprestigiada por las derrotas militares, cedió sus poderes a un Consejo de Regencia que debía continuar con los procesos militar y político y que no era demasiado proclive a las reformas y a la reunión de las Cortes, aunque las presiones que llegaban de todas partes la obligaron a ceder, así como la evidencia de la creciente actividad política de los mandos militares, que implicaba el riesgo de un cesarismo incontrolado en un momento de guerra total. Las Cortes, que se habían convocado con carácter constituyente, se reunieron en Cádiz, y su elección se realizó de tal forma que rompieron la estructura territorial y estamental representativa del Antiguo Régimen. Muchos de los diputados, que no pudieron llegar a Cádiz al estar la ciudad rodeada por el ejército francés, fueron reemplazados por suplentes, aunque el número de diputados nunca fue muy amplio. La mayor parte de ellos pertenecía a las clases medias urbanas, siendo la representación eclesiástica también numerosa. La mayoría de los representantes pertenecía al Tercer Estado, aunque las clases más bajas, artesanos y campesinos, no tenían ninguna representación.

Dentro de las Cortes se diferenciaban dos grandes grupos, el de los absolutistas, que se oponían a cualquier reforma del sistema y que eran predominantes en el Consejo de Regencia, y el de los liberales, partidarios de cambios más o menos radicales. También podemos distinguir tres tendencias políticas más definidas: los inmovilistas partidarios del Antiguo Régimen, que no deseaban ningún cambio; los jovellanistas, que deseaban reformas pero no cambios radicales en el sistema del Antiguo Régimen, en la línea del Despotismo Ilustrado; y los liberales, quienes buscaban una transformación radical intentando poner en pie el edificio jurídico y la estructura socioeconómica de una sociedad burguesa.

Una de las primeras cuestiones que fueron abordadas por las Cortes de Cádiz fue la de la libertad de imprenta. La propuesta de una libertad de imprenta muy amplia presentada por liberales destacados como Muñoz Torrero, Argüelles y Nicasio Gallego se encontró con la resistencia de los diputados absolutistas, aunque finalmente fue aprobada en noviembre de 1810. Tan sólo se preveía la posibilidad de establecer una censura previa en los escritos que trataran sobre cuestiones religiosas.

Pronto se inició la que era la tarea prioritaria de las Cortes de Cádiz: la elaboración de una Constitución. La primera cuestión, la de la soberanía, dividió a la cámara en cuatro tendencias: la de los absolutistas, que defendían que la soberanía residía en el rey, dado el origen divino de la monarquía (Monseñor Quevedo); la de Jovellanos, que deseaba una soberanía regia limitada y cambios, pero no ruptura; la tercera, dentro de la cual un grupo aseguraba que la soberanía surgía de la nación, quien la delegaba en el rey, mientras que otro grupo afirmaba que tras el levantamiento popular de 1808 el pueblo había recuperado la soberanía (Muñoz Torrero); y la cuarta, que aseguraba que la soberanía siempre había residido en el pueblo (Nicasio Gallego).

Esta última postura fue la que triunfó finalmente, estableciéndose en la Constitución de 1812 que la soberanía reside en la Nación (art.3). Al mismo tiempo se articulaba la división de poderes en ejecutivo (rey), judicial (tribunales de justicia, aunque con las excepciones de las jurisdicciones militar y eclesiástica) y legislativo (Cortes). La Corona quedaba muy limitada por las Cortes, depositarias de la soberanía nacional, aunque se le dejaba cierta capacidad legislativa junto a la ejecutiva. El rey nombraba a sus ministros (Secretarios), quienes debían responder ante las Cortes, pero no podían ser cesados por éstas. Se establecía asimismo un sistema administrativo típicamente liberal y centralista. También se declaraba la religión católica como única de los españoles. Se creaba también un ejército permanente y una Milicia Nacional, ésta última separada de la cadena de mando militar y con el objetivo de constituirse en cuerpo de defensa del Estado liberal.

La Constitución instauró un nuevo sistema electoral por sufragio indirecto a tres niveles: universal en el nivel de parroquia e indirecto en los partidos judiciales y provincias. El sufragio era en realidad censitario, ya que los diputados debían contar con una renta de bienes propios y una residencia fija. La Constitución de 1812 comenzaba con una declaración de los derechos del hombre en la que se reconocía la igualdad de todos los españoles, el derecho de petición o la libertad de imprenta, regulándose el derecho de propiedad y el de libertad civil. Por tanto se había creado un nuevo marco político que rompía de forma revolucionaria con las estructuras del Antiguo Régimen.

Pero las Cortes de Cádiz desarrollaron además una gran labor legislativa. En primer lugar se abolieron los fueros, creándose un Estado centralista. Otra medida que rompió el sistema del Antiguo Régimen fue la abolición de los señoríos, aunque reconociéndose la propiedad de la tierra. Con ambas medidas se conseguía la unidad jurisdiccional en detrimento de la multijurisdiccionalidad propia del Antiguo Régimen.

En el ámbito social se tomaron medidas tendentes a crear una nueva sociedad de tipo igualitario, en la que las diferencias entre los individuos se basasen en la posesión de riquezas, y no en la sangre. La propia eliminación de los señoríos jurisdiccionales y territoriales hacía desaparecer la sujeción feudal que aún permanecía en el campo español, aunque en realidad se sustituía una dependencia legal por otra económica. Lo que no se pudo por el momento eliminar fue el mayorazgo. Se prohibieron también las pruebas de nobleza y todas las muestras que contribuyesen a fomentar la desigualdad legal o la rivalidad de clases. Como símbolo de una nueva situación de mayor libertad, las Cortes de Cádiz suprimieron en febrero de 1813 la Inquisición.

Hubo también medidas revolucionarias y liberalizadoras en el ámbito económico. En abril de 1813 se creaba la Dirección General de Hacienda, órgano encargado de llevar a cabo las reformas con un objetivo doble: eliminar la estructura económica del Antiguo Régimen, que impedía el desarrollo de las fuerzas productivas del país, y crear un nuevo sistema fiscal carente de los privilegios del anterior. En primer lugar se garantizó el pago de la totalidad de la deuda del Estado, la mayor parte de la cual estaba en manos de la burguesía. El pago de esta deuda se realizaría con los fondos provenientes de la venta de tierras desamortizadas: tierras de los afrancesados, de la Iglesia, reales, de propios y bandidos, municipales, etc. En junio de 1813 se tomaba la medida económica más revolucionaria: el reconocimiento de la inviolabilidad de la propiedad privada y de la libertad de disposición del propietario, desapareciendo cualquier régimen jurídico que no se enmarcase en éste (tierras amortizadas y vinculadas); con ello se creó una abundancia de oferta de tierras. Se liberalizaron también el comercio de grano, las relaciones laborales en el campo y los arrendamientos. Se permitió a los agricultores el cercamiento de sus cultivos, al tiempo que se suprimían los derechos de la Mesta. La ley de industria daba libertad para establecer fábricas sin ningún tipo de licencia o permiso, al tiempo que se derogaban las ordenanzas gremiales y se decretaba la libertad de oficio.

Por lo que se refiere a la reforma de la Hacienda, se creó una contribución directa para todos los ciudadanos que sustituyese a las contribuciones indirectas, pero no pudo ponerse en práctica al disolverse las Cortes antes de implantarse el nuevo sistema impositivo.

En general las reformas económicas adoptadas liberalizaron todo el sistema productivo. Pero su consecuencia más importante, junto a las medidas adoptadas en todos los demás ámbitos, fue el ascenso de la burguesía a costa de la pérdida de poder de los estamentos nobiliario y eclesiástico, por lo que en realidad se trató más de una sustitución de clases en la cabeza de la sociedad que una igualación de todas ellas. Sin embargo, la mayor parte de estas medidas no pudieron entrar en vigor debido a los hechos que ocurrieron posteriormente.

También fue importante y abundante la legislación de tipo religioso emitida por las Cortes de Cádiz. Por ella se legalizaba la intervención del Estado en asuntos religiosos, intentándose además reformar la estructura y organización de la Iglesia en España, y aumentar la escasa formación del clero.

Por el Tratado de Valençay (1813) Fernando VII firmaba una paz separada con Napoleón y se acordaba la vuelta del rey a España, mientras que se constituían Cortes ordinarias cuya elección agudizó los enfrentamientos entre absolutistas y liberales. Pronto, de hecho, se producirían grandes cambios. Hay que destacar en este período el carácter minoritario dentro de la sociedad española tanto de los liberales como de los reaccionarios.

ABSOLUTISMO FRENTE A LIBERALISMO. EVOLUCIÓN POLÍTICA DEL REINADO DE FERNANDO VII

1-EL PRIMER PERIODO ABSOLUTISTA (1814-1820).

-A su vuelta del exilio en Bayona Fernando VII, con el apoyo de un sector del ejército (Manifiesto de los Persas) y de buena parte del pueblo, suspende la Constitución de 1812 y toda la obra de Cádiz, desencadenando la persecución de los liberales.

-Se vuelve al sistema de gobierno del Antiguo Régimen con algunos cambios (potenciación del poder del rey al no restablecerse los señoríos) y se restaura el sistema de gobierno mediante consejos y los privilegios, así como la Inquisición. No se sigue una línea política definida.

-La hacienda se encuentra arruinada, y la situación empeora con la emancipación de las colonias americanas y el cese de los envíos de plata. La agricultura está destrozada tras la guerra, y la industria no levanta cabeza.

-La persecución de los liberales (muchos de ellos héroes de la Guerra de la Independencia), la frustración por la falta de mejoras y la censura hacen perder popularidad al rey.

-Se organiza la oposición al absolutismo: militares y burgueses organizan logias masónicas y pronunciamientos a partir de 1814 para restaurar el sistema liberal, todos ellos fracasados hasta que en 1820 triunfa el pronunciamiento de Riego, que obliga a Fernando VII a aceptar la Constitución de 1812: “Marchemos francamente, y yo el primero, por la senda constitucional”.

2-EL TRIENIO LIBERAL O CONSTITUCIONAL (1820-1823).

-Los liberales, constantemente torpedeados por el rey, intentan aplicar la obra de Cádiz. Gran actividad política (clubes, logias, periódicos).

-Creación de la Milicia Nacional para defender el estado liberal y elecciones según el sistema de Cádiz.

-División de los liberales en moderados o doceañistas (que creen imprescindible la colaboración del rey y que no desean aplicar la Constitución hasta sus últimas consecuencias) y exaltados o veinteañistas (que opinaban todo lo contrario).

-Durante los dos primeros años gobiernan los moderados:

• Medidas económicas: supresión de mayorazgos y vinculaciones, desamortización de tierras de propios y baldíos, liberalización del mercado agrícola, reforma de la hacienda.
• Medidas religiosas: supresión de las órdenes monásticas regulares, enajenación de bienes religiosos, reducción a la mitad del diezmo, disolución de la Compañía de Jesús.
• Reformas en el ejército, la administración y la educación.

-Las reformas benefician casi exclusivamente a los grandes propietarios y a las clases acomodadas, por lo que el pueblo se aleja del sistema.

-Los absolutistas empiezan a organizarse, en especial tras la llegada de los liberales exaltados al poder en 1822, quienes aceleran la puesta en práctica de la obra de Cádiz.

-Constante obstruccionismo del rey, levantamientos absolutistas y creación de una regencia en la Seo de Urgel. Los absolutistas llaman en su ayuda a la Santa Alianza.

-El Congreso de Verona ordena a Francia enviar un ejército contra la España liberal ante el contagio de sus ideas a otros países. Los 100.000 hijos de San Luís derrotan al gobierno liberal y restituyen a Fernando VII como monarca absoluto.

3-LA DÉCADA OMINOSA (1823-1833).

-Fernando VII declara nulos todos los actos de gobierno del Trienio. Se desencadena una feroz represión contra los liberales. Emigración masiva de éstos. A partir de 1825 se suaviza la represión, en especial contra los liberales más moderados.

-Componente reformista novedoso: creación del Consejo de Ministros (1828), ajuste del gasto a los recursos disponibles y elaboración de presupuestos, creación del Ministerio de Fomento para impulsar la economía, proteccionismo, creación de la Bolsa de Madrid. A pesar de ello, la hacienda sigue en bancarrota, mientras que el rey no reconoce las deudas del Trienio, lo que cierra el acceso al crédito exterior.

-Ante estas medidas los ultraabsolutistas comienzan a organizarse alrededor del infante Carlos Mª Isidro y a desencadenar sublevaciones, como la de los Malcontents (Revuelta de los Agraviados) en Cataluña en 1827. Se acusa al rey de favorecer a los liberales y de ser su prisionero. También hay algunos intentos de los liberales para derribar a Fernando VII.

-La falta de hijos del rey da lugar a un problema sucesorio. En su cuarto matrimonio el rey tiene por fin una hija en 1830, anulando unos meses antes la Ley Sálica mediante la publicación de la Pragmática Sanción. Su hermano Carlos rechaza, con el apoyo de los ultraabsolutistas, estas medidas que le alejan del trono. El rey revoca la sanción (Conjura de la Granja) pero vuelve después a firmarla y se proclama a la princesa Isabel Princesa de Asturias.

-Ante la presión carlista y el apoyo a Carlos de los absolutistas los reyes comienzan a acercarse a los liberales (sobre todo a los moderados) para recabar su apoyo a la princesa Isabel.

-El 29 de septiembre de 1833 muere Fernando VII y el infante don Carlos llama a sus partidarios a la rebelión armada (manifiesto de Abrantes). Comienza la I Guerra Carlista.

LA PRIMERA GUERRA CARLISTA (1832-1839)

A-EL CARÁCTER DEL CARLISMO

El movimiento carlista es el resultado de la conjunción de una serie de intereses y de ideas que, en su mayoría, están enraizadas en el sistema y en el pensamiento político tradicionales del Antiguo Régimen. Su máxima, Dios, Patria, Rey y Jueces, resume la alianza entre el Trono y el Altar típica de una sociedad de origen feudal.

A estos elementos se suma la defensa de las libertades forales en algunos territorios, como reacción al centralismo unificador que, aunque había comenzado a desarrollarse a principios del siglo XVIII con la dinastía borbónica, iba verificando una aceleración progresiva a medida que los liberales captaban mayores cuotas de poder. Esta defensa de los fueros, más que por iniciativa popular, estaba instigada por los grupos dominantes que basaban su predominio precisamente en la existencia de dichos fueros, y su identidad ideológica con el resto del carlismo tradicionalista no iba más allá de la defensa de este interés común.

Otra de las bases del pensamiento carlista estriba en la defensa de la religión tradicional y del poder de la Iglesia. Ésta había visto como su importancia y su riqueza mermaban ante los constantes ataques que recibía de los liberales (exclaustraciones, desamortizaciones), por lo que la Iglesia católica (aunque no la mayoría de su alta jerarquía) se convertirá en una de las bases más importantes del carlismo. De hecho, para la mayor parte de las masas carlistas el núcleo de su credo político se basará en la defensa de dos instituciones únicas: la Iglesia católica tradicional y la monarquía absoluta legítima encarnada por el infante don Carlos.

A un nivel más subjetivo y profundo, el carlismo supone la contraposición entre el mundo rural tradicional y el mundo urbano liberal cuya expansión se hacía a costa del primero. Ni siquiera en sus feudos contó el carlismo con el apoyo de ciudades de cierta entidad, siendo su carácter rural evidente. En un contexto de cambio social y económico hacia el liberalismo, el carlismo no podía soñar con volver hacia atrás la corriente de la historia, sino tan sólo representar a aquellos sectores que más perdían con el avance de ésta y organizar su postrera, aunque inútil, resistencia.

No hay que olvidar un factor muy importante en el proceso de formación del movimiento carlista: la existencia de una lucha dinástica cada vez más abierta entre el rey Fernando VII y su hermano, el infante Carlos María Isidro. Éste último, absolutista de la vieja escuela, aspiró desde un principio a suceder en el trono a Fernando, ante la falta de hijos de éste. Alrededor del infante se irían agrupando de forma natural todos aquellos cuyas tendencias políticas fuesen ultraabsolutistas, y que acusaban a Fernando VII de ser demasiado abierto y de acercarse a los liberales. El nacimiento de la princesa Isabel planteó además un problema de legitimidad, ante la no publicación de la Pragmática Sanción por Carlos IV. La derogación de la Ley Sálica por Fernando VII no fue nunca reconocida por su hermano Carlos, dado que le cerraba toda posibilidad de convertirse él mismo en rey.

Como resumen podemos afirmar que el carlismo inicial era un credo negativo, opuesto a las novedades liberales y cuyo mayor objetivo era (en palabras de los propios carlistas) la eliminación de la canalla liberal y la batalla contra la Revolución.

El núcleo fundamental de seguidores del carlismo estaba constituido por campesinos, en especial del País Vasco, Navarra, Cataluña, la montaña levantina y el Bajo Aragón, aunque también había campesinos carlistas en la fachada cantábrica y en Castilla. Generalmente se ha calificado al carlismo como un movimiento tradicional y fundamentalmente rural, que fue incapaz de imponerse en las grandes ciudades durante las guerras carlistas. Pero no es menos cierto que, cuando se celebraron por fin elecciones por sufragio universal a partir de 1869, ciudades como Pamplona o Bilbao, que antaño no pudieron ser tomadas por los carlistas, votaron de forma mayoritaria a éstos.

B-LA GUERRA

El día 1 de octubre de 1833 el infante don Carlos, exilado en Portugal, proclamaba su derecho al trono (Manifiesto de Abrantes), e inmediatamente se producían levantamientos carlistas en numerosos lugares. A partir de estos levantamientos iniciales el movimiento carlista se extendió por el País Vasco, Navarra, La Rioja y el Maestrazgo, acaudillado desde enero de 1834 por el general Tomás de Zumalacárregui. El movimiento carlista recibía su apoyo en las regiones donde más vivo estaba el espíritu foral, donde los campesinos gozaban de relativa independencia económica y donde el tradicionalismo monárquico estaba más implantado.

En un primer período de la guerra los carlistas, tras proclamar como rey de España al infante don Carlos, obtuvieron algunos éxitos (Artazu, Guernica), pero no lograron tomar ninguna ciudad importante a pesar de la evidente desorganización del ejército cristino debida a los continuos cambios de mando y a la falta de recursos que paralizaba las operaciones. En un principio los carlistas actuaron mediante partidas guerrilleras mal organizadas, pero el general Zumalacárregui levantó a partir de éstas un verdadero ejército de entre 20.000 y 30.000 hombres, capaz de enfrentarse a las tropas regulares cristinas. Ambos bandos se dedicaron inicialmente a limpiar de enemigos las zonas que controlaban, mientras que los carlistas ponían en pie la estructura administrativa de un nuevo Estado en sus territorios; pero, como ya hemos visto, las zonas urbanas resistieron el empuje carlista. Además la muerte de Zumalacárregui en el primer sitio de Bilbao (julio de 1835) supuso un duro golpe para los carlistas.

En un segundo período la toma del mando del ejército cristino por Espartero significó el acrecentamiento de la eficacia de éste, que consiguió levantar el segundo sitio de Bilbao. A pesar de algunas victorias en el Maestrazgo la posición carlista se resintió, sobre todo tras la Expedición Real (octubre de 1837) a Madrid y su fracaso. Los intentos fracasados del ejército carlista de extender las operaciones más allá de sus feudos y la extensión de la lucha guerrillera tradicionalista marcarán esta etapa.

En el tercer período de la guerra las divisiones internas en el carlismo llevaron a una escisión entre los moderados (transaccionistas) partidarios del pacto y liderados por el general Maroto, y los apostólicos (extremistas) del general Cabrera. Esta división, que se zanjó de forma sangrienta con el predominio de los moderados, restó fuerza al carlismo, que sufrió además varias derrotas en el campo de batalla. Por otra parte su base de apoyo menguaba ante la imposibilidad de extenderse más allá de sus feudos tradicionales, mientras que los recursos del ejército cristino no hacían sino aumentar. Ante esta situación, el 31 de agosto de 1839 los generales Espartero por los cristinos y Maroto por los carlistas moderados firmaron la paz con el Convenio (abrazo) de Vergara, por la que cesaba la guerra en el País Vasco. Dicho Convenio salvaguardaba tanto la paga y los ascensos de los oficiales carlistas como los fueros vascos, reconociendo a cambio los carlistas moderados a Isabel II como reina legítima.

No obstante don Carlos no reconoció el acuerdo y prosiguió la guerra apoyado en las fuerzas apostólicas de Cabrera, en las zonas de Lérida y Navarra. Pero en julio de 1840 las últimas tropas carlistas eran derrotadas.

EVOLUCIÓN POLÍTICA EN EL REINADO DE ISABEL II. LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO LIBERAL.

1-LA DÉCADA MODERADA (1843-1854)

-Isabel II es declarada reina (13 años)

-Intentos de formar gobiernos progresistas (Olózaga)

-Gobierno moderado de Narváez, casi dictatorial Inestabilidad política

                                                                                  Consolidación del liberalismo

-Constitución de 1845. Liberalismo doctrinario.

   Ampliación de las prerrogativas reales

   Unión Iglesia-Estado

   Senado de elección real

   Soberanía compartida

   Sufragio censitario muy limitado

-Implantación del liberalismo.

   Centralización. Nuevo sistema impositivo (Mon)          

   Centralización. Unificación y codificación legal

   Establecimiento de la censura

   Control estatal y centralización de la educación

   Concordato de 1851

   Creación de nuevos ministerios. Funcionariado moderno

-Ecos de la Revolución de 1848 y endurecimiento de la dictadura de Narváez. Disensiones entre los moderados. Escándalos por corrupción (Bravo Murillo). La inestabilidad y el malestar desencadenan la:

-Vicalvarada (1854), seguida del Manifiesto del Manzanares. Apoyo popular y               militar, de los progresistas y de buena parte del moderantismo. Gobierno                       Espartero-O'Donnell.

2-BIENIO PROGRESISTA (1854-1856)

-Inestabilidad política.

-Restauración de la Constitución de 1837.

-Ahondamiento de la implantación del sistema liberal:

Desamortización (Ley Madoz).

Libertad de movimientos para los ciudadanos.

Expulsión de los jesuitas.

Leyes económicas.

-Elaboración de una nueva Constitución de tipo progresista (1856, no promulgada).

-Deterioro de las relaciones O'Donnell-Espartero. Conflictividad social y desórdenes.           Dimisión de Espartero.

3-SEGUNDO PERIODO MODERADO (1856-1868)

-Prosigue la instauración del sistema liberal.

-Reestablecimiento de la Constitución de 1845.

-Poder: moderados, unionistas, progresistas (éstos sólo a nivel municipal).

-Oposición: demócratas, carlistas.

-Centralismo.

-Legislación financiera. Estabilidad económica (obras públicas, ferrocarriles)

-Actuaciones exteriores: Marruecos, Pacífico, Méjico, Indochina.

-Crisis del sistema:

Ruptura entre moderados y unionistas.

Pacto de Ostende (1866, progresistas-demócratas)

Crisis económica de 1864.

Arbitrariedades de la reina (camarilla).

Muerte de Narváez y O'Donnell.

Alianza antidinástica: progresistas, unionistas, demócratas.

4-LOS GRUPOS POLÍTICOS Y EL PAPEL DEL EJÉRCITO

La necesidad de la regente de apoyarse en los liberales y la derrota de los absolutistas en la primera guerra carlista hicieron posible la implantación del sistema político liberal en España. Este sistema, basado en la soberanía nacional, la Constitución, las Cortes elegidas por sufragio y la uniformización y centralización administrativas fue distintamente interpretado por los dos sectores en los que el liberalismo se había escindido: moderados y progresistas. Ambos partidos eran burgueses, y no existían en aquel entonces partidos que representasen a otros sectores de la sociedad.

Las filas de los moderados estaban compuestas por los sectores económicamente más poderosos del liberalismo español (especialmente por los grandes propietarios agrícolas), por numerosos aristócratas y por altos funcionarios del Estado. Posteriormente engrosarían sus filas gentes pertenecientes a las clases medias que veían con temor el radicalismo de algunos sectores de los progresistas. Sus referentes ideológicos se encontraban en Jovellanos, en los doctrinarios franceses y en la Constitución inglesa. Los moderados propugnaban una soberanía nacional conjunta en la Corona y las Cortes. La Corona tendría un carácter de moderador en los conflictos que pudiesen surgir entre el legislativo (Cortes) y el ejecutivo (gobierno), pudiendo decidir sobre la disolución de las Cortes o la sustitución del presidente del consejo. Siempre fueron partidarios de unas Cortes bicamerales, con un Senado elegido por la Corona entre las élites del país que actuase como freno a las leyes que les perjudicasen. También deseaban el control de la vida municipal por la Corona.

Para los moderados, quienes creían que el valor del hombre se medía por su riqueza, el sufragio debía ser censitario. Hacían especial hincapié en el orden público, y utilizaban sin escrúpulos los recursos de los que disponían desde el poder para amañar los resultados de las elecciones. En cuanto a los derechos y las libertades, tendían siempre a limitarlos, en especial el de imprenta. Dadas las atribuciones que le otorgaban, la Corona estuvo en este período al lado de los moderados. Naturalmente su acción de gobierno benefició claramente a los sectores a los que representaba, lo cual significaba optar por el proteccionismo, los impuestos indirectos, etc.

El partido progresista representaba la tendencia reformista que beneficiaba especialmente a los grandes financieros e industriales, y obtenía también apoyo de las clases medias. Los progresistas defendían que la soberanía residía en unas Cortes elegidas por un sufragio más amplio (aunque no universal) y depositarias de la capacidad legislativa en exclusiva. No aceptaban el poder moderador de la Corona, aunque sí su derecho a disolver las Cortes. Para los progresistas éstas debían tener estructura bicameral, pero el Senado debía formarse por elección y por un tiempo limitado. Defendían también una amplia libertad de prensa y no se interesaban tanto por el mantenimiento del orden público. Propugnaban una mayor autonomía de los poderes locales. Del ala extremista de los progresistas surgió el partido demócrata, defensor del sufragio universal y de la concesión de amplias libertades.

El progresismo, dado el control de las elecciones por el gobierno y el apoyo de la Corona a los moderados, sólo pudo llegar al poder mediante pronunciamientos o levantamientos, utilizando la abstención como forma de protesta electoral. Al contrario que los moderados, los progresistas eran partidarios del librecambismo y del predominio de los impuestos directos, como forma de favorecer la expansión industrial y comercial.

El papel del ejército en esta época fue fundamental. Desde la guerra carlista los verdaderos resortes del poder político pasaron a manos de los espadones, caudillos militares que forzaban cambios de rumbo político mediante pronunciamientos. De hecho el ejército se había convertido en la fuerza más importante y poderosa dentro del Estado liberal, y en la única institución sólida y dotada de continuidad que existía en su seno, por lo que todas las fuerzas políticas recurrían a él siempre que intentaban forzar un cambio en el poder. No existía una línea política definida en el ejército, saliendo de sus filas tanto generales progresistas como moderados. Por ello no se puede decir que el ejército como institución participase en política, sino que eran sus miembros, a título individual, los que lo hacían. Eso sí, utilizando los recursos militares para llegar a ella o acceder al poder.

LOS CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA ECONÓMICA: LAS DESAMORTIZACIONES

El período durante el cual ocupó el trono la reina Isabel II supuso, a pesar de la inestabilidad política que hemos analizado, el final de la estructura económica del Antiguo Régimen y el desarrollo y estabilización de una sociedad de tipo liberal-burguesa, cuya base económica es el capitalismo. Esta transformación se desarrollaría de manera progresiva a través de la actuación de las distintas fuerzas políticas que ocuparon el poder en esta etapa.

A-LA NUEVA ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD

Una de las diferencias fundamentales entre la estructura económica tardofeudal y la del liberalismo capitalista radica en la libertad de disposición de sus bienes por parte del propietario. En España la principal fuente de riqueza, la tierra, se encontraba en su mayor parte en manos de las clases dirigentes, las cuales, durante siglos, habían propiciado el desarrollo de un marco jurídico que impedía la movilidad de las propiedades: eran las tierras vinculadas y amortizadas.

El acabar con este sistema de propiedad, que impedía como ya hemos visto el avance de la agricultura y, por tanto, de toda la economía española, era una vieja aspiración de muchos gobernantes españoles. Pero ello resultó poco menos que imposible durante mucho tiempo, dado que los propietarios de esas tierras, aristocracia y clero, eran los grupos dominantes de la sociedad, basando precisamente su dominio en la posesión de dichas tierras según el sistema tardofeudal. Tan sólo cuando el predominio social de estos grupos comenzó a declinar fue posible iniciar la tarea de liberar la propiedad de las trabas feudales.

La primera desamortización de tierras la realizó Godoy, mediante la expropiación (con indemnización) de una parte de los bienes de la Iglesia, los cuales fueron después vendidos, aunque su producto tuvo que dedicarse a sufragar las campañas militares. Poco después, ya durante la guerra, tanto el gobierno de José Bonaparte como las Cortes de Cádiz realizaron nuevas desamortizaciones de bienes eclesiásticos, aunque la restauración del absolutismo por Fernando VII acabó de momento con el proceso desamortizador. Éste sería retomado por el Trienio Liberal, ampliándose la desamortización a los bienes de propios y baldíos, pero nuevamente se detendría tras la invasión absolutista francesa de 1823, obligándose incluso a la devolución de las tierras compradas provenientes de la desamortización.

A partir de 1833 el proceso desamortizador se aceleró. En medio de una guerra civil el arruinado Estado necesitaba desesperadamente fondos con los que mantener la lucha. Además el apoyo de la Iglesia al carlismo había extendido un sentimiento anticlerical entre la población, por lo que la expropiación de bienes eclesiásticos era una medida popular.

Por tanto los gobiernos liberales de la década de 1830 reiniciaron de forma progresiva el proceso desamortizador. En 1834 se confiscaban los bienes de los conventos destruidos, en 1835 se devolvían las tierras confiscadas a quienes las habían comprado durante la desamortización del Trienio y en 1836 se decretaba la exclaustración general. Todo ello aumentó la oferta de tierras de forma significativa.

En este mismo año se publicaba la primera gran ley desamortizadora del siglo, la de Mendizábal, que se centraba básicamente en la desamortización eclesiástica. Por ella se declaraban en venta todos los bienes pertenecientes al clero regular, destinándose el producto de dicha venta a amortizar la deuda del Estado. En 1837 se ampliaba el proceso desamortizador a parte de los bienes del clero secular. El proceso desamortizador se aceleró a partir de 1838, y en 1841 se incluían en él los bienes restantes del clero secular. Cuando en 1844 los moderados llegaron al poder se detuvo el proceso, aunque garantizaron la validez de las ventas ya realizadas. En general las desamortizaciones suponían la expropiación de las tierras de la Iglesia (comprometiéndose el Estado al sostenimiento de los gastos del clero y el culto) y su venta en subasta pública. Los adquirientes de lotes de tierra podían pagarlos en efectivo (aunque a plazos) y con títulos de la deuda pública.

Las consecuencias de este proceso desamortizador fueron amplias. El 62% de las tierras de la Iglesia fueron expropiadas y vendidas, lo que produjo una fuerte transferencia de la propiedad agraria y proporcionó al Estado unos ingresos de casi 3.300 millones de reales. Pero esta transferencia de propiedad no supuso una excesiva alteración de la estructura de la misma, ya que los compradores fueron en su mayoría grandes propietarios y burgueses que pagaban a plazos y con títulos de la deuda depreciados (cuyo valor real de cotización era apenas 1/5 del valor nominal), lo que les suponía un negocio redondo en perjuicio del Estado. Éste realizaba el proceso desamortizador por motivos básicamente recaudatorios, por lo que no se llevó a cabo ningún reparto de tierras entre los campesinos pobres; además los lotes de tierra subastados solían ser de gran tamaño, por lo que sus precios (aunque más bajos que los de mercado) estaban fuera del alcance de los campesinos pobres o de los medianos propietarios. En resumen, no se trató de una reforma agraria, y los pequeños campesinos y los jornaleros no obtuvieron ningún beneficio del proceso (al contrario), por lo que éste acabó significando una mayor concentración de la propiedad en pocas manos y un aumento del latifundismo.

La deuda del Estado siguió siendo grande, pero su monto total experimentó un descenso de aproximadamente un tercio, lo que alivió en algo la situación de la Hacienda. Además las propiedades desamortizadas, exentas hasta entonces de impuestos, se convertían ahora en sujetas a tributación, por lo que aumentaron los ingresos del fisco. Lo que no aumentó fue la productividad agrícola, ya que los nuevos propietarios no desarrollaron una inmediata política de modernización de sus nuevas propiedades, sino que prosiguieron con la explotación mediante contratos de arrendamiento a los pequeños campesinos.

Similares consecuencias en cuanto al injusto acceso a las propiedades desamortizadas tuvo la venta de bienes inmuebles urbanos, la mayor parte de los cuales fueron acaparados por las clases poderosas, en especial los edificios de calidad del centro de las ciudades.

La segunda gran oleada desamortizadora tiene su origen en la Ley Madoz de 1855, promulgada durante el Bienio Progresista. Por esta ley se permitía la venta mediante subasta de todos aquellos bienes amortizados que aún quedaban en el país: propiedades rurales y urbanas pertenecientes a la Iglesia, el Estado, los propios y baldíos de los municipios, etc. La ley se aplicó con celeridad, y entre 1855 y 1856 se vendieron propiedades por valor de 8.000 millones de reales, debiéndose realizar el pago en efectivo, aunque se podía hacer a plazos. Con esta segunda desamortización, cuyo producto se destinó a terminar con la deuda, se eliminó la propiedad comunal y lo que restaba de la eclesiástica. Los principales afectados fueron los campesinos, produciéndose también la ruptura de las relaciones con la Iglesia al violarse el Concordato de 1851.

Entre ambos procesos de desamortización se transfirió la propiedad de un 20% de la superficie del país, lo que significaba una proporción aún mayor de las tierras cultivables. Los principales beneficiados, los burgueses urbanos, se convirtieron en terratenientes y pasaron a formar una nueva clase dominante de propietarios rurales junto a la aristocracia terrateniente tradicional.

Simultáneamente al proceso desamortizador, durante la década de 1830 se llevó a cabo una labor legislativa tendente a desmontar la estructura legal de la propiedad y de la economía del Antiguo Régimen. En 1836 un decreto declaraba abolidos los mayorazgos y cualquier otro tipo de vinculación de la propiedad. En 1837 se eliminaba el régimen jurisdiccional y los derechos señoriales, aunque reconociéndose la propiedad de las tierras. En la práctica con esta medida se introducían las leyes de mercado en la producción agrícola, en especial en las relaciones entre propietarios y asalariados. La ampliación de la liberalización de la producción agraria había comenzado ya el año anterior, con la instauración de la libertad de cercamientos y la desregulación de la comercialización de la producción agraria.

Dentro de este proceso de liberalización se decretó en 1834 la prohibición de la formación de nuevos gremios, mientras que se declaraba ilegal toda norma o reglamento que limitara la libertad de fabricación o de comercialización de la producción. En 1836 se decretaba la libertad de industria, complementada en 1841 con la supresión de las aduanas interiores que aún quedaban (con las regiones forales) y se limitaban los fueros vascos. Se fomentaba de esta forma la creación de un verdadero mercado nacional integrado.

REVOLUCIÓN INDUSTRIAL. EL IMPACTO DEL FERROCARRIL

A-REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

-Retraso evidente durante todo el siglo XIX de la industria española con respecto a los países punteros en Europa, aunque matizable según los sectores. El mercado español estaba poco articulado y su capacidad adquisitiva, debido a los bajos salarios, era mínima, por lo que la industria de artículos de consumo no podía depender de él para su desarrollo. El escaso desarrollo de la industria de bienes de consumo implicaba a su vez una industria de bienes de equipo débil, ya que la demanda de maquinaria era igualmente escasa. No se puede negar, no obstante, que se produjera un crecimiento de la industria, alcanzando éste un promedio del 4% anual entre 1835 y 1860. Pero fue un crecimiento insuficiente y muy inferior cualitativa y cuantitativamente al de otros países europeos.

Para empeorar esta situación la competitividad de los productos españoles era baja, y se veía empeorada por la deficiente red de transportes, lo que favorecía las importaciones en las zonas costeras que contaban con buenos puertos. Para controlar las importaciones se desarrolló una política arancelaria proteccionista, que si bien en un principio protegió la producción nacional, a la larga provocó el anquilosamiento tecnológico y la caída de la competitividad de la industria española.

‑El sector textil.

La industria textil se concentró paulatinamente en Cataluña, atrayendo el textil lanero y el sedero, junto al tradicional algodonero. Su desarrollo comenzó ya a principios del siglo XVIII, pero siempre tuvo que enfrentarse a un grave problema de competitividad con respecto a las manufacturas inglesas.

-Desde el siglo XVIII comienza el desarrollo de una industria textil moderna en Cataluña.

-Grave impacto de la pérdida de las colonias americanas en el textil algodonero catalán.

-A partir del segundo tercio del siglo XIX comienza la mecanización decidida (selfactinas). Inversiones, concentración empresarial y fuerte aumento de las importaciones de algodón.

-Levantamiento progresivo de un sistema proteccionista para favorecer al textil catalán, con la creación de un mercado reservado.

-El sector se vio muy afectado por la crisis de 1864 y la escasez de algodón debida a la Guerra de Secesión estadounidense, aunque seguía siendo el más avanzado de la industria española.

-“Fiebre del oro”. Fuerte expansión del textil catalán entre 1875 y 1882, seguida de una fuerte crisis. Tras el Arancel de 1891 el sector queda como dueño absoluto del mercado interior, tanto metropolitano como colonial.

-Tras la derrota en la guerra de Cuba, el textil catalán pierde el 17% de su mercado.

‑La siderurgia.

El desarrollo de la siderurgia fue mucho más lento y tardío que el del sector textil. La falta de demanda del sector agrícola y del industrial, así como el permiso para importar material ferroviario, hicieron que la demanda de hierro fuese incapaz de impulsar su desarrollo. A ello se sumaba la escasez y mala calidad del carbón nacional.

-Inicialmente el centro de la siderurgia española se encontraba en el sur de la península, especialmente en la zona de Málaga. Utilizaba carbón vegetal y producía hierro y acero de gran calidad, pero al doble de precio que el británico.

-Desde la mitad del S. XIX comienza el traslado de la siderurgia española desde el sur hacia el norte, en especial a Asturias, con una fuerte presencia de capital extranjero.

-Paulatinamente la siderurgia vasca se convierte en la más importante de España, gracias a los capitales obtenidos de la exportación de hierro a Gran Bretaña y, en menor medida, a Alemania, que servían además para comprar carbón británico de gran calidad y bajo coste, que era traído por los mismos barcos que transportaban el hierro en su viaje de vuelta.

-El desarrollo de la siderurgia y de la minería de hierro vino acompañado de la construcción de las infraestructuras necesarias para estas actividades, como ferrocarriles, carreteras o el puerto de Bilbao, y por la ley de la concentración industrial atrajo la instalación de otras empresas transformadoras, tanto auxiliares como complementarias (navieras, transformaciones metálicas). Igualmente decisivo para el desarrollo industrial vasco fue el surgimiento de una banca moderna que permitiese la financiación fluida de las operaciones industriales. Todo ello animado por el creciente proteccionismo frente a la competencia exterior.

‑La minería.

El sector que mayor crecimiento registró en este período fue la minería. Pero este crecimiento fue posible gracias a la inversión de capitales extranjeros y al aporte de tecnología foránea, en especial tras la Ley de Minas de 1868. Los empresarios nacionales carecían de capital y tecnología para continuar con la explotación de los yacimientos de los que hasta entonces habían extraído mineral, por lo que fueron las empresas extranjeras quienes se hicieron cargo de dicha explotación. La explotación de minerales como el plomo, el cobre, el cinc o el mercurio estaba prácticamente en su totalidad en manos extranjeras, sobre todo inglesas, francesas y belgas. Salvo sectores muy concretos (como el hierro vasco, en el que los capitales extranjeros llegaron a acuerdos con los empresarios locales) los beneficios de la minería española (cuya producción se multiplicó en algunos sectores por diez) fueron a parar al extranjero, aunque las exportaciones mineras sirvieron para equilibrar algo la deficitaria balanza comercial, además de introducir en el país nuevos métodos y tecnologías extractivas.

‑El fracaso de la Revolución Industrial en España.

Después de lo visto hasta ahora podemos decir que se produjo un crecimiento industrial evidente, al menos en los sectores textil y siderúrgico. Sin embargo este crecimiento resultaba menos que modesto en comparación con el registrado en otros países europeos. En España no se produjo la fase de despegue con fuertes inversiones industriales durante un período prolongado, y ello por varias razones.

      En primer lugar faltaban capitales autóctonos para financiar este despegue. Los pocos existentes se invertían preferentemente en tierras o en deuda pública, y no existía una banca con capacidad suficiente para financiar un crecimiento industrial amplio y sostenido.

      En segundo lugar la agricultura española no producía capitales para invertir en la industria, y sus escasas productividad y tecnificación tampoco liberaban excedentes de trabajadores que pudiesen pasar al sector secundario. Mientras que en otros países la agricultura era uno de los mejores clientes de la industria (maquinaria, abonos) en España el sector agrícola, atrasado y poco capitalizado, apenas demandaba nada de la industria.

      Por otra parte el mercado nacional, dependiente en gran medida de una agricultura muy poco productiva, tenía una capacidad de consumo tan reducida que no podía con su demanda ejercer de motor del desarrollo industrial.

      Para acabar de completar el panorama, la mayor parte del empresariado español tenía un espíritu muy poco competitivo, como es el caso de los empresarios textiles catalanes, que preferían reservarse un mercado interior y colonial pequeño pero protegido a adentrarse por la vía de la competencia y de la modernización para conquistar mercados exteriores.

Sin embargo, y a nivel de la economía en general, el insuficiente desarrollo industrial puso al menos las bases sobre las cuales se asentaron los grandes cambios que verificó la economía española ya en el siglo XX.

C-EL DESARROLLO DE LA RED FERROVIARIA Y DE TRANSPORTES

El primer ferrocarril peninsular unió las poblaciones de Barcelona y Mataró en 1848. Las primeras líneas, muy escasas, enlazaban lugares cercanos entre sí y con un intenso tráfico (Madrid-Aranjuez, cuenca minera-Gijón).

Con la aprobación en 1855 de la Ley General de Ferrocarriles se intentaba impulsar la construcción de una red ferroviaria moderna, poco menos que paralizada hasta entonces. Esta ley era muy favorable a los posibles adquirientes de las concesiones, por lo que rápidamente se formaron grupos que optaron a la construcción y explotación (mediante concesiones por 99 años y franquicias de importación de material) de una red ferroviaria que había sido diseñada de forma radial partiendo de la capital. Los capitales franceses afluyeron con rapidez, creándose en unión de capitales españoles tres grandes compañías: la del Norte, la MZA (Madrid-Zaragoza-Alicante) y Ferrocarriles Andaluces.

En apenas diez años (1855-1865) se multiplicó por diez la red ferroviaria española, quedando ya delimitada en sus líneas básicas. Este rápido desarrollo atrajo buena parte de la inversión financiera interna de este período, tanto privada como del Estado, y muchas entidades financieras se comprometieron fuertemente en este desarrollo. Hasta el punto de que, cuando algunas de las líneas se mostraron claramente deficitarias y las compañías ferroviarias se vieron en dificultades, la crisis se extendió rápidamente (como ya vimos) al sector financiero, determinando la caída de muchas de estas entidades durante el período 1864-66. A partir de esta crisis se frenó la construcción de la red ferroviaria casi por completo, y no sería retomada, aunque de forma mucho más lenta, hasta 10 años después.

El ferrocarril duplicó su red entre 1875 y 1900, alcanzándose los 11.000 Kms y finalizándose prácticamente ésta. Las regiones que hasta entonces habían permanecido aisladas (como Galicia y Asturias) fueron conectadas a la red principal. Existían numerosas pequeñas compañías ferroviarias, pero tres de ellas (MZA, Ferrocarriles Andaluces y Compañía del Norte, todas de capital mayoritariamente francés) copaban el 90% del sector ferroviario español.

La construcción del ferrocarril en España no tuvo en principio sobre la economía nacional los efectos que se habían observado en otros países. La siderurgia apenas se benefició de ella, y el sector financiero se vio incluso afectado por su rápido desarrollo. Pero la construcción de una red de ferrocarriles modernos, aunque su planificación y estructura fueran deficientes, era una condición indispensable para garantizar el futuro desarrollo de la economía española y para modernizar el país.

El desarrollo de la red ferroviaria en el último cuarto del siglo XIX, aunque tardío e insuficiente, tuvo fuertes repercusiones económicas en muchas zonas. Así algunas regiones hasta entonces mal comunicadas, como Galicia, ampliaban los mercados para sus producciones. Otras, como el valle del Duero, vieron como su producción vitivinícola era sustituida en los propios mercados castellanos por los caldos mucho más baratos procedentes de La Mancha y Cataluña, que podían ser transportados ahora con rapidez y a bajo coste gracias al ferrocarril. También la industria siderúrgica se vio beneficiada por el desarrollo del ferrocarril en el último cuarto del siglo XIX, ya que el creciente proteccionismo obligó a las compañías ferroviarias a hacer buena parte de sus pedidos a la siderurgia nacional.

Durante el siglo XIX se realizó un considerable esfuerzo para reparar y mejorar la red de carreteras del país. Hasta 1840 apenas se pudo llevar a cabo la conservación y reparación de los caminos destrozados por dos grandes guerras. Pero desde 1841 se iniciaron nuevas construcciones que prefiguraban ya la red posterior y que consiguieron doblar la longitud de las carreteras entre 1833 y 1855; desde este último año hasta 1870 la red volvió a doblarse. Los medios de transporte, no obstante, eran prácticamente los mismos que un siglo antes, y se basaban en vehículos de tracción hipomóvil, en los arrastrados por bueyes y mulas y en los caballos. El medio más utilizado para el transporte colectivo de viajeros era la diligencia, que comenzó a retroceder cuando se desarrolló el ferrocarril. Como resumen podemos decir que, aunque se realizó una notable mejora de la red de carreteras, faltaba un tipo de vehículo capaz de aprovechar esa mejora de forma suficiente.

EL SEXENIO DEMOCRÁTICO

EVOLUCIÓN POLÍTICA

-1868: Revolución.

-Causas:

-políticas (descrédito, falta de apoyos de la monarquía)

-económicas (crisis económica de 1864)

-sociales (paro, miseria, represión contra el pueblo)

-Pronunciamiento en Cádiz (18-9-1868, Prim, Topete), apoyado por la Unión Liberal), al que se unen las Juntas, los campesinos andaluces y los grandes financieros e industriales. Derrota de los isabelinos y huida de la reina. Gobierno provisional (Serrano)

-1869: Constitución. El gobierno está dominado por los progresistas más moderados, pero necesita el apoyo de los demócratas. Democratización del sistema, dinamización de la vida política. La nueva Constitución, de tipo monárquico, es la más democrática y avanzada que ha tenido España hasta entonces.

            -Monarquía constitucional.

-Libertad de imprenta, de expresión, de cultos, enseñanza, de residencia y movimientos.         

-Inviolabilidad del domicilio y la correspondencia.

            -Derecho de asociación y reunión.

            -Sufragio universal masculino.

-Soberanía nacional: poder legislativo en exclusiva para las Cortes, responsabilidad ministerial, sistema bicameral, independencia judicial.

-1870: Amadeo de Saboya, elegido rey. Débil base de apoyo (personalismos, asesinato de Prim, rechazo             de carlistas y republicanos, auge de los alfonsinos). Derechización del régimen e inestabilidad política. Aumento del rechazo a la dinastía (tanto popular como de las élites, los grupos progresistas y la Iglesia). Problemas en Cuba y 3ª guerra carlista. Hastiado, Amadeo I abdica (10-2-1873).Se proclama la República.

-1873-74: I República. Evolución lógica de la Revolución.

-Primer gobierno (Estanislao Figueras). Coalición republicanos-demócratas radicales. Crisis de gobierno y elecciones ganadas por los republicanos (fortísima abstención). Aumenta la oposición a la República (en la que se incluyen los partidos de la Gloriosa). Los republicanos se quedan solos.

-9 de junio: nuevo gobierno de Pi y Margall (de signo federalista). Enfrentamientos federalistas-unitaristas y levantamientos cantonalistas. Elaboración de una nueva Constitución (1873), no promulgada. Desintegración del ejército y posicionamiento de los militares contra la República.

-18 de julio: nuevo gobierno Salmerón, unitarista radical. Represión del cantonalismo.

-7 de septiembre: gobierno Castelar, quasidictatorial. Ilegalización del federalismo, lucha contra el carlismo. Política de restauración del orden, momentáneamente apoyada por las clases poderosas y los militares. Distanciamiento popular.

-1874: 2 de enero: Castelar destituido. 3 de enero: golpe del general Pavía. Gobierno del general Serrano. Eliminación del cantón de Cartagena y ofensiva contra los carlistas. Cánovas agrupa a los partidarios de la restauración borbónica (alfonsinos), reforzados por el Manifiesto de Sandhurst.

-29 de diciembre: pronunciamiento de Martínez Campos. Serrano se exilia y se forma el gobierno Sagasta, que acepta la Restauración. Ministerio-Regencia de Cánovas: fin de la I República.

EL SISTEMA POLÍTICO CANOVISTA

LOS PARTIDOS DINÁSTICOS

A pesar de que el sistema político de la época de la Restauración ha sido muy criticado, el objetivo de su creación era más que lícito: civilizar la política española y acabar con la desmesurada importancia política del ejército, sustituyendo el pronunciamiento y el enfrentamiento político continuo por el acuerdo entre los partidos para la alternancia en el poder. No obstante esta alternancia, como veremos, no podía basarse en la voluntad soberana del pueblo, sino en la decisión del monarca (aconsejado por la dirigencia política), convertido en árbitro supremo de la vida política. Una vida política que tiene su manual de reglas de juego en la Constitución de 1876.

El sistema se articula en dos partidos: el conservador de Cánovas del Castillo y el liberal de Sagasta. No eran partidos de masas, ni siquiera de cuadros, sino de notables o parlamentarios, y su implantación en el país se reducía prácticamente a la cúpula en Madrid. Estos partidos estaban dominados por muy pocas personas, y sus componentes pertenecían a las clases propietarias surgidas con la revolución liberal (aristocracia y burguesía) y a las clases medias (en especial algunos elementos de éstas que deseaban aprovechar las oportunidades de promoción social que brindaba la política, como es el caso del mismo Cánovas).

El Partido Conservador liderado por Cánovas había surgido tras la victoria de los postulados ampliamente liberales de éste en el enfrentamiento que, dentro de los partidarios de la dinastía borbónica, se había verificado entre los moderados (partidarios de volver a la Constitución de 1845 y al sistema de Isabel II) y las tendencias más liberales capitaneadas por el mismo Cánovas (que deseaban la creación de un nuevo sistema político y la elaboración de una nueva Constitución). Su base de apoyo estaba formada por antiguos moderados, los unionistas de derecha de la Unión Liberal, terratenientes, aristocracia madrileña y rural y "personas de orden" de las clases medias, aunque en realidad el partido carecía de militantes. En esencia se puede considerar al Partido Conservador de Cánovas como heredero de la tradición de la Unión Liberal y de los sectores moderados razonables y de menor carácter oligárquico.

La ideología conservadora defendía la monarquía como sistema incuestionable y hacía especial hincapié en el orden público, tendiendo a limitar las libertades públicas. Tenía una concepción centralista del Estado y tendía al sufragio censitario en las votaciones. De todos modos los planteamientos ideológicos conservadores solían ser bastante eclécticos, adaptándose a las circunstancias y a las necesidades del momento (lo hacedero, tal como decía Cánovas); esto se debía a los deseos del propio Cánovas de lograr una integración los más amplia posible de las fuerzas políticas y sociales españolas en el sistema por él creado.

En cuanto al Partido Liberal, éste no existía al iniciarse la Restauración. Una de sus piezas básicas fue el Partido Constitucional de Práxedes Mateo Sagasta, fundado en 1871, en tiempos de Amadeo I, y que agrupó al ala derecha del Partido Progresista y a un buen número de componentes de la Unión Liberal. Este partido tuvo un importante papel en la transición de la República a la Monarquía borbónica. Un grupo disidente de éste colaboró (Alonso Martín) en la elaboración de la Constitución del 76, pero en 1878 se volvió a reintegrar en el partido. De hecho la cuestión constitucional era el principal obstáculo para la integración en el sistema del partido de Sagasta, dada su defensa de las conquistas liberales plasmadas en la Constitución de 1869, la cual querían reinstaurar. El siguiente paso fue el Pacto de Fusión (mayo de 1880) que unió al Partido Constitucional con otras fuerzas políticas liberales (antiguos moderados, unionistas de izquierda, militares descontentos con Cánovas, altos aristócratas) sobre la base de la aceptación de la dinastía. El nuevo partido abandonó su reivindicación de la Constitución del 69 y aceptó la del 76, integrándose en el sistema. Esta integración fue también posible por la constatación de que el sistema canovista se basaba en un turno pacífico de partidos que ya no hacía necesario el recurso a la fuerza o al pronunciamiento militar para que los grupos políticos más progresistas (dentro de un orden, claro está) llegaran al poder.

En el ideario del Partido Liberal se incluían cuestiones como la aspiración a afianzar los derechos y libertades individuales y públicos (libertad de expresión, de cultos, de asociación), la modernización del Estado, la adopción del juicio con jurado y la instauración del sufragio universal masculino. En esencia se deseaba la incorporación de las conquistas liberales más significativas del Sexenio al sistema de la Restauración.

El Partido Liberal era un partido de cuadros sin militancia. A nivel local existían comités y a nivel nacional una junta directiva dominada por Sagasta.

Estos dos partidos eran los partidos dinásticos, los soportes del sistema. Entre ellos, además del turno de alternancia, se establecía una verdadera colaboración para impedir que las disidencias o los personalismos fraccionaran la unidad de cada uno de ellos, y para asegurar que el turno pacífico se cumplía escrupulosamente, todo ello por el bien del sistema.

EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA

El sistema político de la Restauración se basaba por tanto en un bipartidismo que, tras la moderación de los postulados liberales, se había institucionalizado mediante el pacto de alternancia de partidos. Como ya hemos visto, la Corona era la piedra angular de este pacto, apoyada en la base legal que proporcionaba la Constitución, y decidía cuándo había llegado el momento del cambio. El sistema funcionaba de arriba a abajo: primero se nombraba gobierno y luego se convocaban las elecciones para ganarlas, falseando los resultados si era necesario y existiendo un fuerte voto cautivo por el caciquismo. Para los políticos españoles de la época, la independencia (e incluso la capacidad) del electorado para elegir el destino del país era inexistente, por lo que parecía algo lógico y más que aconsejable que fuese la Corona quien realizara esta tarea. El jefe de gobierno dimitía si perdía la confianza del rey o del Parlamento, o si había llegado el momento de la alternancia pactada de antemano.

El caciquismo es el fenómeno típico y tópico de la España de la Restauración. El retraso del desarrollo económico en España y la pervivencia de microestructuras de poder a nivel local hacen que perviva la figura del cacique, miembro de la élite local, comarcal o provincial, muy arraigado en su marco geográfico, en el que goza de gran prestigio personal, actuando como jefe local e intermediario entre la sociedad cerrada y tradicional local y el Estado. E incluso sirviendo de guía para el voto en una sociedad atrasada en la que los ciudadanos carecen de formación y se dejan guiar por aquel que más sabe y más prestigio tiene a la hora de ejercer su derecho al voto.

Así, en caso de elecciones, el gobierno ha de negociar con el cacique local para que éste apoye a sus candidatos, dado que controla los votos de su territorio. Este sistema se daba sobre todo en el campo, en las regiones más atrasadas, mientras que en las ciudades las elecciones eran más representativas y era en ellas donde obtenían sus actas de diputado los representantes de los partidos antisistema, aunque en muchas ocasiones habrán de sufrir el "pucherazo" del gobierno. Quizá podríamos decir que el caciquismo, que era empleado por los dos partidos del turno de forma indistinta y como útil herramienta electoral, transformó lo que legal y teóricamente era una monarquía democrática y parlamentaria en un sistema oligárquico. Pero no nos engañemos: el sistema no era tan democrático y parlamentario como podía hacer creer la letra de la ley y de la Constitución, y es más que probable que nunca hubiera podido funcionar sin la ayuda de los caciques.

El caciquismo como sistema fue transformándose progresivamente en una estructura cuya misión fundamental, más que la de permitir que las elecciones tuvieran el resultado deseado, era defender los intereses de las clases propietarias, en especial cuando la instauración del sufragio universal hizo posible la representación política de los grupos políticos y sociales opuestos a dichos intereses. Estaba además, como ya dijimos, muy ligado a estructuras económicas y sociales antiguas y tradicionales, por lo que cuando éstas comenzaron a retroceder ante el mundo moderno el caciquismo como estructura organizada comenzó su declive, siendo incluso atacado por aquellos que hasta entonces se habían servido de él.

Junto al caciquismo existió otro fenómeno característico del funcionamiento político del sistema de la Restauración: el encasillado. Consistía en, aun asegurando la victoria en las elecciones de quien debía ganarlas, dejar siempre a la oposición (incluida la antisistema) una adecuada representación política, aunque hiciese falta manipular los resultados para ello.

Por lo que respecta al ejército, éste perdió su poder político y se adhirió a la persona del rey Alfonso XII. Las primeras actuaciones del monarca (dirigiendo las tropas contra los carlistas) le valieron precisamente esta adhesión del estamento militar; a partir de entonces los generales se retiraron a sus cuarteles y dejaron de participar en política, identificándose con el sistema y apoyándolo.

Para finalizar, podemos decir como resumen que la Restauración era, a pesar de las ideas y los proyectos que pudieron animar su fundación, un sistema político alejado fundamentalmente de la realidad del país y que se perpetuó a sí mismo en la salvaguardia de los intereses de la clase dirigente.

LA OPOSICIÓN AL SISTEMA DE LA RESTAURACIÓN

A-REPUBLICANOS Y CARLISTAS

A pesar de la estabilidad que presidió las primeras décadas del nuevo régimen, existían ya partidos que no aceptaban la Constitución ni el sistema vigente, e iban a surgir otros nuevos.

Los partidos republicanos estaban muy divididos entre los partidarios de la vía legalista y los revolucionarios y carecían de apoyos suficientes entre la población civil, aunque sí tenían cierta influencia en algunos sectores del ejército. Dos fueron los principales partidos republicanos de este momento: el Progresista, de Manuel Ruiz Zorrilla, y el Federal de Francisco Pi y Margall. Menor influencia tenían el Partido Posibilista de Emilio Castelar (disuelto hacia 1890) y el Centralista de Nicolás Salmerón. Todos ellos, salvo el Federal, defendían una República unitaria. Ninguno de ellos se cuestionaba el orden económico vigente; como mucho proponían diversas medidas reformistas, dado su carácter burgués. La implantación de los partidos republicanos era fundamentalmente urbana, y su pérdida de apoyo popular fue causada por la progresiva moderación de sus postulados y por la colaboración con el sistema; aunque querían cambiarlo, acataban sus reglas del juego.

Por su parte el carlismo, tras la derrota militar de 1876, había retrocedido considerablemente en su influencia política, hasta el punto que se abrió en el seno del movimiento un debate sobre la conveniencia de seguir con su tradicional táctica de levantamientos o cambiar las formas de actuación por las meramente políticas, integrándose en el sistema. Se optó por la vía tradicional, lo que hizo que la Iglesia comenzase su alejamiento del carlismo y buscase sus propias vías para actuar en política. Además una parte importante del carlismo se escindió del movimiento, creándose la Unión Católica, la cual acabó por integrarse en el Partido Conservador en 1884. En la década de 1890 los partidarios de acomodarse a las reglas del juego del sistema fueron ganando posiciones frente a los sectores integristas, lo que permitió una notable expansión de la influencia del carlismo moderado.

B-LOS NACIONALISMOS

Como consecuencia del progresivo centralismo uniformizador y de la decadencia del republicanismo federalista, iban a surgir en las regiones periféricas con personalidad cultural propia una serie de movimientos y corrientes ideológicas que cristalizarían luego en partidos nacionalistas. El nacionalismo vasco alcanzaba su primera formulación política con la fundación por Sabino Arana del Partido Nacionalista Vasco en 1895. Limitado en un principio a la reivindicación foralista de Vizcaya, su ideología primigenia era fuertemente radical (se pedía la secesión frente a España) e incluso racista. Pero la paulatina moderación de planteamientos, con la renuncia al separatismo y la fuerte influencia del ideario cristiano, ampliaron poco a poco su base de apoyo, en especial en Vizcaya. El carácter conservador del PNV atrajo a muchas personas que temían la extensión del socialismo entre la clase trabajadora vasca.

El nacionalismo catalán tuvo un desarrollo más temprano. En torno a intelectuales como Valentín Allmirall y Prat de la Riba se fueron creando núcleos nacionalistas políticos y culturales que acabarían fundiéndose en 1892 en la Unió Catalanista. Su programa político, recogido en el documento denominado Bases de Manresa, aspiraba fundamentalmente a instaurar una estructura federalista del Estado en la que cada región ejerciese su autogobierno, sin plantear la secesión o la lucha contra el Estado español. Todo ello desde una posición burguesa, ya que las bases del nacionalismo catalán del momento eran las clases medias y altas del principado. En general se produjo en el período final del siglo una efervescencia catalanista en todos los órdenes.

C-EL MOVIMIENTO OBRERO

Tras la represión y la clandestinidad de los primeros tiempos de la Restauración, la liberalización de la actividad política con el primer gobierno de Sagasta supuso un cambio positivo para las organizaciones obreras.

El movimiento anarquista se organizó a partir de 1881 en la denominada Federación de Trabajadores de la Región Española, registrando un fuerte aumento de su extensión y afiliación. Pero este crecimiento resultó efímero. Las actividades terroristas de algunos grupos que no tenían vinculación directa con la Federación (Mano Negra) desencadenaron una fuerte represión gubernamental contra todo el movimiento anarquista a partir de 1883. Ello dio pie a un fuerte debate interno entre los partidarios de la actuación legal organizada y de una mayor acción sindical y aquellos que abominaban de las formas organizativas y preconizaban la vía insurreccional hacia la revolución. Éstos últimos vencieron finalmente, y en 1888 se disolvía de forma definitiva la Federación, quedando expedito el camino hacia la propaganda por el hecho, la acción individual y violenta contra el sistema. Ésta se justificaba fundamentalmente como represalia contra la represión ejercida contra todos los anarquistas desde el Estado. Se verificaron hechos violentos de trascendencia, como el intento de toma de Jerez de la Frontera (1892), el atentado fallido contra el general Martínez Campos (septiembre de 1893) y la colocación de una bomba en el Teatro del Liceo barcelonés (noviembre de 1893), que inmediatamente desencadenaron la represión contra todos los anarquistas; esta represión traía consigo nuevos atentados de represalia, que a su vez originaban más represión, en una espiral sin fin y que provocó incluso la muerte del propio Cánovas en un atentado en 1897.

Por lo que respecta al otro gran sector del movimiento obrero, el socialista, en 1879 se fundaba el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), cuya máximo dirigente era Pablo Iglesias. Su expansión fue en un principio muy lenta, y su escasa fuerza obligó al nuevo partido a aceptar las normas democráticas para evitar la represión de la que eran objeto los anarquistas; eso sí, la aceptación duraría hasta el momento en que los socialistas tuviesen una base de apoyo suficiente para asegurar el triunfo de la revolución. En agosto de 1888 se fundaba en Barcelona la Unión General de Trabajadores (UGT), el sindicato socialista. Pero la influencia de éste fue en principio también escasa, y tan sólo entre los mineros vascos tuvo un desarrollo evidente. Tan pequeño era el apoyo popular del PSOE que hasta 1910 no consiguió un solo diputado, no recogiendo hasta entonces más de 30.000 votos en todo el país.